El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 20 de mayo de 2026 sanciones contra varias personas, entidades y monederos de criptomonedas asociados al cártel de Sinaloa, en respuesta a la utilización de activos digitales para lavar ingresos del tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. Estas medidas afectan a dos redes criminales independientes relacionadas con “Los Chapitos”, facción dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ponen bajo la lupa la conversión y transferencia de ganancias mediante blockchain en beneficio del cártel.
La acción marca un hito en la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra el uso de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales. Buscando salvaguardar el sistema financiero y proteger la economía digital, el gobierno de EE.UU. refuerza el control sobre las operaciones cripto que facilitan el lavado de capitales provenientes del narcotráfico y la producción de drogas sintéticas que generan crisis de salud pública.
Redes criminales vinculadas y alcance de las sanciones
Las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) recayeron sobre más de una docena de individuos y entidades estructuradas en dos principales agrupaciones:
- La red de Armando de Jesús Ojeda Avilés: Principal operador de lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato de su antecesor Mario Alberto Jiménez Castro. Ojeda Avilés supervisa la recolección de grandes cantidades de efectivo por ventas de fentanilo, cocaína y metanfetaminas en EE.UU., orquestando su conversión en criptomonedas para el cártel. Sus principales aliados incluyen a Jesús Alonso Aispuro Félix, encargado de transferencias masivas con criptomonedas, y Rodrigo Alarcón Palomares, imputado en Colorado por lavado de activos mediante la blockchain. También figura Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad y cobrador de deudas, operando negocios ligados al cártel en México a través de familiares, quienes igualmente fueron sancionados.
- La red de Jesús González Peñuelas: Con larga trayectoria en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo a EE.UU., Peñuelas dirige células que utilizan rutas y métodos sofisticados, incluyendo criptomonedas para lavar fondos ilegales. Fue sancionado previamente bajo la “Ley Kingpin” y enfrenta cargos federales desde 2017 en California y Colorado. Su grupo incluye productores, distribuidores y corredores financieros que movilizan grandes sumas de efectivo y mantienen negocios fachada en territorio mexicano.
Según datos oficiales, la investigación que derivó en estas sanciones fue resultado de la coordinación entre el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la Agencia Antidrogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Implicación de activos digitales y monederos sancionados
Las autoridades estadounidenses apuntaron a la infraestructura financiera que ha permitido al cártel de Sinaloa eludir el rastreo bancario tradicional. Se destacaron seis direcciones de Ethereum, de las cuales cinco guardaban inactividad prolongada, mientras que una realizó su última transacción en abril de 2026 transfiriendo cerca de 900 dólares en USDT. El uso de la blockchain para mover fondos asociados con el tráfico de fentanilo refleja una sofisticación creciente en las operaciones criminales, favoreciendo el anonimato y la elusión de controles regulatorios convencionales.
Estas direcciones, relacionadas en su mayoría a Ojeda Avilés y su círculo, quedan bloqueadas para cualquier transacción, y cualquier activo bajo propiedad directa o indirecta (en igual o más del 50 %) de los sancionados queda automáticamente congelado en EE.UU. Las restricciones afectan tanto a individuos estadounidenses como a cualquier entidad internacional que facilite transacciones significativas con los señalados. Las instituciones financieras extranjeras que operen con ellas arriesgan sanciones secundarias, incluida la imposibilidad de mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.
Contexto legal y consecuencias para el ecosistema
La inclusión de estas redes y monederos bajo la Orden Ejecutiva 14059 —dirigida contra la proliferación ilícita de drogas— y la Orden Ejecutiva 13224, que atañe a organizaciones terroristas y a quienes las financian, posiciona al cártel de Sinaloa como prioridad máxima del aparato antidrogas y antifinanciamiento ilícito estadounidense. Desde 2021, el cártel ostenta la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado y, desde febrero de 2025, ha sido formalmente identificado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por el Departamento de Estado.
En su comunicado, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró el compromiso de la administración para evitar que “narcoterroristas inunden las fronteras con veneno” y advirtió sobre la determinación de continuar persiguiendo tanto a los cárteles como a sus estructuras de lavado criptofinanciero.
El uso de criptomonedas para facilitar transferencias transfronterizas y enmascarar la naturaleza del capital ilícito representa un reto para el ecosistema blockchain y reguladores. En julio de 2025, la DEA reportó la incautación de más de 10 millones de dólares en criptoactivos conectados al cártel, ilustrando la escala e importancia de estos flujos dentro de la economía subterránea.
Implicancias para usuarios y la industria cripto
Para el ecosistema de criptomonedas y blockchain, la sanción a monederos ligados al cártel de Sinaloa subraya la presión regulatoria que enfrentan exchanges, proveedores de billeteras y desarrolladores frente al uso ilícito de estas tecnologías. Las instituciones y empresas financieras ahora tienen la obligación de monitorear más rigurosamente sus plataformas para evitar vínculos con cuentas sancionadas y operar en cumplimiento de las normativas de la OFAC.
Los usuarios deben tomar precauciones extremas al interactuar con activos digitales, evaluando siempre el origen y la legitimidad de las contrapartes. Los inversores y compañías que faciliten servicios de criptomonedas pueden verse expuestos a restricciones o medidas sancionatorias si se detectan transacciones con direcciones señaladas por las autoridades estadounidenses.
En perspectiva, estas acciones fortalecen los mecanismos de trazabilidad y cumplimiento en la economía digital, pero también advierten sobre la necesidad de sofisticar las capacidades de verificación y monitoreo dentro de la industria cripto. Al tiempo que el gobierno de EE.UU. refuerza la ofensiva contra el crimen financiero, el sector debe adaptarse a estándares más rigurosos para mitigar los riesgos de ser involuntariamente involucrado en operaciones ilícitas de alcance global.
Para más información oficial, puede consultarse el comunicado de la OFAC y detalles específicos en sitios como Decrypt y Semanario ZETA.