Hong Kong ha aprobado la incorporación del Marco de Reporte de Criptoactivos, conocido internacionalmente como CARF, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La normativa comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027 y obligará a determinados proveedores de servicios de criptoactivos vinculados con Hong Kong a recopilar información de sus clientes y operaciones para facilitar el intercambio automático de datos fiscales a partir de 2028.
La medida pretende reforzar la transparencia tributaria, reducir los espacios para el fraude fiscal y adaptar el sistema financiero de Hong Kong a un mercado en el que las operaciones con criptomonedas pueden realizarse en múltiples plataformas y jurisdicciones. Aunque no introduce un impuesto específico sobre las criptomonedas, sí establece nuevas obligaciones de registro, diligencia debida, recopilación de datos y reporte.
Qué ha aprobado Hong Kong
El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó en 2026 una reforma de la legislación tributaria destinada a aplicar el CARF y actualizar, de forma complementaria, el Estándar Común de Reporte. El CARF fue creado por la OCDE en 2023 para que las administraciones tributarias puedan intercambiar información sobre operaciones con criptoactivos de manera estandarizada.
El objetivo central es que las autoridades fiscales conozcan determinados datos sobre las operaciones realizadas por personas y entidades sujetas a obligaciones tributarias en distintas jurisdicciones. En lugar de depender exclusivamente de declaraciones individuales o de solicitudes específicas entre administraciones, el sistema establece un mecanismo periódico de recopilación y transmisión de información.
La aplicación del CARF en Hong Kong comenzará el 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, los proveedores de servicios de criptoactivos que entren dentro del ámbito de la norma deberán empezar a recopilar la información exigida. El intercambio de esos datos entre la autoridad tributaria hongkonesa y jurisdicciones asociadas está previsto a partir de 2028.
La reforma también contempla una actualización del Estándar Común de Reporte, que ampliará su alcance para incluir determinados productos financieros digitales y reforzará las obligaciones de diligencia debida. Esta parte complementaria comenzará a aplicarse en 2028, con intercambios automáticos de información bajo el estándar actualizado a partir de 2029.
| Elemento | Calendario previsto | Finalidad |
| Aplicación del CARF | 1 de enero de 2027 | Iniciar la recopilación de información sobre usuarios y operaciones con criptoactivos |
| Primer intercambio internacional de datos bajo el CARF | A partir de 2028 | Compartir información fiscal con jurisdicciones asociadas |
| Aplicación del Estándar Común de Reporte actualizado | 1 de enero de 2028 | Ampliar el alcance del reporte a determinados productos financieros digitales |
| Intercambio bajo el estándar actualizado | A partir de 2029 | Mejorar la cooperación fiscal internacional sobre cuentas y activos financieros |
El gobierno de Hong Kong considera que la reforma es necesaria por la rápida evolución de los mercados de activos digitales. La ciudad ha desarrollado un marco regulatorio para ciertas actividades relacionadas con activos virtuales y busca mantener la compatibilidad de su sistema financiero con las normas internacionales de transparencia fiscal.
A quién afectará la normativa
La obligación no se dirige únicamente a las personas que poseen criptomonedas. El centro del sistema serán los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a reporte, conocidos como proveedores declarantes o RCASP por sus siglas en inglés. Se trata de entidades que facilitan determinadas operaciones con criptoactivos y que mantienen una conexión relevante con Hong Kong.
La norma utiliza criterios de vinculación territorial, conocidos como reglas de conexión. Una entidad puede quedar alcanzada por el régimen si está constituida, administrada o desarrolla determinadas actividades en Hong Kong, según la naturaleza de sus operaciones y la estructura jurídica aplicable.
El concepto de proveedor de servicios de criptoactivos es más amplio que el de una casa de cambio tradicional. Puede abarcar plataformas que permiten comprar, vender o intercambiar criptoactivos, entidades que facilitan transferencias, intermediarios que ejecutan operaciones y otros participantes que realizan actividades relevantes para clientes.
La inclusión concreta dependerá de las funciones que desempeñe cada entidad. No todas las empresas relacionadas con tecnología de cadenas de bloques quedarán automáticamente sometidas al CARF. Una compañía que desarrolle programas informáticos sin custodiar activos ni facilitar operaciones puede recibir un tratamiento distinto de una plataforma que procesa transacciones de clientes.
También existen diferencias entre los criptoactivos que pueden estar sujetos a reporte. El marco se concentra en activos que pueden utilizarse con fines de inversión o pago y que pueden transferirse o negociarse de manera descentralizada. Las autoridades deberán precisar mediante legislación, reglamentos y orientaciones técnicas qué activos y operaciones quedan incluidos en cada categoría.
Las entidades alcanzadas tendrán que identificar a sus clientes, determinar su residencia fiscal y recopilar datos sobre las operaciones reportables. Cuando un cliente sea una entidad, será necesario obtener información suficiente para conocer su clasificación y, en determinados casos, identificar a las personas que ejercen el control.
Este proceso se parece en algunos aspectos a las obligaciones de conocimiento del cliente aplicadas en el sector financiero, aunque su finalidad principal es tributaria. El objetivo no es solamente comprobar la identidad de un usuario, sino vincular sus operaciones con una o varias jurisdicciones de residencia fiscal.
La recopilación de información podrá incluir datos como el nombre legal del cliente, su dirección, la jurisdicción o jurisdicciones de residencia fiscal y su número de identificación tributaria cuando corresponda. En el caso de personas físicas, también pueden solicitarse datos de nacimiento. Para entidades, la información puede incluir la naturaleza de la compañía y los datos de las personas que la controlan.
Los proveedores deberán mantener registros y establecer procedimientos para revisar la información recopilada. La diligencia debida no termina necesariamente cuando un usuario abre una cuenta. Las entidades deberán contar con mecanismos para detectar cambios relevantes, inconsistencias o circunstancias que modifiquen la residencia fiscal declarada.
Qué información se reportará
El CARF separa la información de identificación del cliente de los datos relacionados con sus operaciones. Para cada usuario reportable, el proveedor deberá reunir información que permita a la autoridad tributaria asociar la actividad en la plataforma con una persona o entidad concreta.
El reporte puede incluir el valor agregado de las operaciones realizadas durante un periodo, las cantidades de criptoactivos compradas o vendidas, las transferencias y ciertos pagos efectuados mediante activos digitales. La información se organiza de acuerdo con categorías definidas por el marco internacional para facilitar su comparación entre países.
Entre las operaciones que pueden quedar comprendidas se encuentran los intercambios entre criptoactivos y monedas tradicionales, los intercambios entre diferentes criptoactivos y determinadas transferencias hacia o desde carteras externas. También pueden considerarse reportables algunas operaciones en las que el proveedor actúa como intermediario o ejecutor.
El reporte no significa necesariamente que cada movimiento individual se comunique como una ficha independiente. En muchos casos, la información se consolidará por cliente, tipo de operación y periodo de referencia. Sin embargo, el nivel de detalle exigido puede permitir a las autoridades analizar los flujos de activos y comparar los datos con las declaraciones fiscales.
La normativa pretende reducir una dificultad habitual en la tributación de las criptomonedas: la fragmentación de la información. Un usuario puede utilizar varias plataformas, mover fondos entre diferentes carteras y operar desde países distintos. Sin un sistema de intercambio internacional, la administración tributaria de un país puede no tener acceso a una parte relevante de la actividad.
El CARF no convierte automáticamente toda operación con criptomonedas en una deuda tributaria. El hecho de que una transacción sea reportada no determina por sí solo que exista un impuesto pendiente. La tributación dependerá de las normas aplicables en la jurisdicción de residencia del contribuyente, del tipo de operación, del periodo fiscal y de factores como el precio de adquisición y la naturaleza de la actividad.
Por ejemplo, la venta de un criptoactivo puede generar consecuencias fiscales diferentes según se trate de una inversión personal, una actividad empresarial o una operación realizada de forma habitual. Las reglas locales también pueden distinguir entre ganancias de capital, ingresos ordinarios, recompensas por validación, rendimientos de préstamos y pagos recibidos por servicios.
Por esta razón, el reporte internacional y la liquidación del impuesto son procesos distintos. La plataforma comunica información a la autoridad correspondiente, mientras que el contribuyente sigue siendo responsable de cumplir las obligaciones de declaración y pago que establezca su jurisdicción.
La normativa también puede exigir que determinados proveedores informen sobre usuarios no residentes en Hong Kong. En esos casos, la autoridad tributaria hongkonesa podrá intercambiar los datos con la administración fiscal del país en el que el usuario tenga su residencia fiscal, siempre que exista un acuerdo o mecanismo de intercambio aplicable.
Para los residentes fiscales de Hong Kong, la información puede utilizarse dentro del marco tributario local. Para los usuarios extranjeros, el efecto principal puede producirse en su país de residencia. La cooperación internacional permitirá contrastar la información declarada por el contribuyente con los datos obtenidos de plataformas y proveedores.
Impacto para usuarios, empresas y el mercado asiático
Para los usuarios particulares, el cambio más visible será la necesidad de proporcionar información fiscal completa y coherente a las plataformas sujetas a reporte. Quienes hayan utilizado datos incompletos, varias identidades o declaraciones incompatibles con su residencia fiscal podrían recibir solicitudes adicionales de información.
Los usuarios también deberán mejorar la conservación de sus propios registros. Aunque el proveedor reporte datos a la autoridad, no necesariamente dispondrá de todos los elementos necesarios para calcular correctamente una ganancia o pérdida. El historial de compras, ventas, transferencias, comisiones, conversiones y movimientos entre carteras seguirá siendo importante para preparar una declaración fiscal.
Las operaciones realizadas en plataformas no custodiales pueden presentar dificultades adicionales. Una cartera autocustodiada permite al usuario controlar directamente sus claves privadas, pero no elimina necesariamente las obligaciones fiscales. Si una persona utiliza un proveedor para adquirir activos y después los transfiere a una cartera propia, el movimiento puede formar parte de la información relevante según la clasificación de la operación.
Las transferencias entre carteras del mismo titular no siempre tienen el mismo tratamiento que una venta o un intercambio. Sin embargo, el proveedor puede necesitar información suficiente para distinguir una transferencia propia de una operación realizada en beneficio de otra persona. La trazabilidad técnica de la cadena de bloques no sustituye a la identificación legal del cliente.
Para las empresas del sector, la reforma supondrá costes de cumplimiento. Las plataformas tendrán que adaptar sus sistemas, revisar procesos de incorporación de clientes, clasificar operaciones y establecer canales de comunicación con la autoridad tributaria. También deberán conservar documentación que demuestre cómo aplicaron los procedimientos de diligencia debida.
Las entidades más pequeñas pueden afrontar una carga proporcionalmente mayor, porque quizá no dispongan de equipos especializados en fiscalidad, protección de datos y cumplimiento normativo. Es posible que deban contratar proveedores tecnológicos o asesores para recopilar y estructurar la información exigida.
Las empresas internacionales deberán analizar cómo interactúa el régimen de Hong Kong con las obligaciones de otros países. Una plataforma que opera en varias jurisdicciones puede estar sujeta a más de un sistema de reporte, aunque los estándares basados en el CARF buscan evitar diferencias innecesarias y facilitar la interoperabilidad.
La reforma puede favorecer la consolidación del mercado. Las empresas que ya cuentan con controles robustos estarán mejor preparadas para cumplir, mientras que los operadores con estructuras opacas o escasa capacidad de verificación podrían abandonar el mercado, trasladar actividades o modificar su modelo de negocio.
Ese proceso no significa que desaparezcan los servicios descentralizados ni las operaciones entre particulares. Sí puede aumentar la diferencia regulatoria entre las plataformas centralizadas, que mantienen relaciones identificables con sus clientes, y los protocolos descentralizados, cuya responsabilidad jurídica y capacidad de reporte pueden ser más complejas.
El efecto sobre la innovación dependerá de la forma en que se apliquen las normas. Un marco claro puede ofrecer mayor seguridad a empresas e inversores institucionales. En cambio, requisitos ambiguos o desproporcionados podrían elevar los costes de entrada y reducir la competencia. El equilibrio entre transparencia, protección de datos e innovación será uno de los principales retos de la implementación.
En el contexto asiático, Hong Kong puede convertirse en un referente para otros centros financieros que evalúan cómo aplicar el CARF. La ciudad combina una actividad financiera internacional relevante con un mercado de activos virtuales en desarrollo. Su experiencia puede servir para observar cómo se coordinan las licencias sectoriales, la supervisión financiera y la información tributaria.
El precedente no implica que todas las economías asiáticas adopten exactamente las mismas reglas. Cada jurisdicción deberá decidir el alcance de sus leyes, las entidades cubiertas, los procedimientos de registro y las sanciones aplicables. Sin embargo, la adopción de un estándar común facilita que distintos países comparen sus marcos y avancen hacia una cooperación más uniforme.
La reforma también refuerza una tendencia internacional: las criptomonedas están dejando de tratarse como un área completamente separada de los sistemas financieros y fiscales. Las autoridades no necesitan prohibir un activo para aumentar la información disponible sobre sus usuarios. Pueden imponer obligaciones a los intermediarios que facilitan operaciones y conectan el ecosistema digital con el sistema financiero tradicional.
Para los inversores, esto puede significar una mayor normalización del sector. La transparencia fiscal puede reducir el riesgo de que una plataforma sea utilizada para ocultar ingresos, mover capitales no declarados o dificultar la cooperación entre autoridades. Al mismo tiempo, la privacidad financiera será objeto de un debate más intenso, ya que el aumento de los reportes implica que más información personal y transaccional quedará en manos de instituciones públicas.
La aplicación del CARF deberá respetar las normas de protección de datos y limitar el uso de la información a finalidades autorizadas. La seguridad de los sistemas de las plataformas y de las administraciones será esencial, porque los datos reportados pueden incluir identidad, residencia fiscal y volúmenes de operaciones.
Una filtración o un uso indebido de esa información podría causar daños financieros y personales. Por ello, el cumplimiento no debe entenderse solo como la transmisión de datos, sino también como la aplicación de controles de acceso, conservación, rectificación y eliminación conforme a la legislación correspondiente.
La nueva obligación tampoco elimina todos los riesgos de fraude. Las operaciones realizadas fuera de proveedores sujetos a reporte, el uso de identidades falsas y las estructuras complejas pueden seguir dificultando la supervisión. La efectividad del sistema dependerá de la calidad de los datos, de la cooperación entre administraciones y de la capacidad de analizar la información recibida.
Para los lectores que poseen criptomonedas o participan en el mercado, la respuesta práctica consiste en mantener registros ordenados, identificar correctamente la residencia fiscal, conservar comprobantes y revisar las obligaciones locales. También conviene diferenciar entre transferencias propias, ventas, intercambios, recompensas, préstamos y pagos, porque cada categoría puede tener consecuencias distintas.
Las empresas deberían comenzar antes de 2027 la revisión de sus sistemas y contratos. Entre las tareas prioritarias se encuentran identificar si existe una conexión relevante con Hong Kong, determinar si la actividad queda dentro de la definición de proveedor declarante, diseñar procesos de diligencia debida y preparar mecanismos para producir reportes compatibles con el formato requerido.
El calendario deja un periodo de preparación limitado. La recopilación comenzará en 2027, mientras que el intercambio internacional de información se iniciará en 2028. Por tanto, los datos reunidos desde el primer año de aplicación deberán ser suficientemente completos y consistentes para que puedan transmitirse posteriormente a las jurisdicciones correspondientes.
En términos generales, la aprobación de la ley marca un cambio relevante en la relación entre criptoactivos y fiscalidad internacional. Hong Kong no está creando una clase especial de contribuyente ni imponiendo por sí solo una tasa nueva a las criptomonedas. Está incorporando un sistema para que las autoridades puedan conocer mejor quién utiliza determinados servicios, qué operaciones realiza y dónde se encuentra su residencia fiscal.
El resultado dependerá de la implementación técnica y de la coordinación con otros países. Si los procedimientos son claros, proporcionales y seguros, el CARF puede contribuir a una mayor confianza en el mercado y reducir la evasión fiscal transfronteriza. Si existen vacíos o diferencias importantes entre jurisdicciones, las empresas y los usuarios podrían afrontar duplicidades y una mayor complejidad.
La medida confirma que la transparencia se está convirtiendo en una condición central para la integración de los criptoactivos en las finanzas globales. Para los participantes del mercado, la etapa de operar sin documentación suficiente será cada vez menos viable. La gestión ordenada de la información fiscal, el cumplimiento normativo y la protección de los datos personales serán elementos tan importantes como la custodia segura de los activos digitales.
