Un juez federal de Argentina dispuso el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas en el marco de la causa $LIBRA, una medida central que apunta a inmovilizar fondos presuntamente vinculados a maniobras delictivas y avanzar en la identificación de sus titulares. La resolución, dictada por el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi a pedido de la fiscalía, acompaña una investigación amplia sobre el recorrido de fondos que habrían afectado a más de 40.000 personas tras el colapso del token $LIBRA en 2025.
Este fallo no solo busca asegurar activos potencialmente ilícitos y esclarecer el circuito financiero detrás de la presunta estafa, sino que también marca un precedente clave sobre el rol de la justicia argentina frente al ecosistema cripto. El caso reviste importancia nacional e internacional, tanto por el volumen de los fondos involucrados —denuncias apuntan a retiros cercanos a los 100 millones de dólares— como por la respuesta judicial ante un escenario sin regulación centralizada.
Congelamiento de billeteras y pedidos de información internacional
La investigación, dirigida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, dispuso el bloqueo de diez billeteras radicadas en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. A través de un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), se utilizaron técnicas de trazabilidad inversa (backward tracing) y análisis de fuentes abiertas (OSINT) para reconstruir el circuito de los fondos, partiendo de “Team Libra Wallets” y siguiendo la ruta hasta diversos exchanges internacionales.
El magistrado ordenó a cada una de las seis plataformas que remitan la documentación completa conforme a los estándares KYC (Know Your Customer). El requerimiento incluye datos de apertura de cuentas, registros de IP, interacciones, movimiento bancario vinculado y todo el historial de transacciones asociado. El objetivo: no solo identificar a los beneficiarios finales de los activos, sino también reconstruir la arquitectura de la presunta maniobra y determinar si un mismo operador pudo haber controlado múltiples direcciones.
La decisión judicial se apoya en la “ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y en la necesidad de evitar que los activos se sigan trasladando entre jurisdicciones, lo cual podría frustrar tanto la recuperación de fondos como la individualización de quienes llevaron adelante la operatoria investigada.
Reconstrucción del recorrido de los fondos y dinámica de la maniobra
Según la investigación policial, los fondos comenzaron su recorrida en billeteras identificadas como “Team Libra Wallets”, donde millones de tokens fueron transferidos entre el 14 y el 15 de febrero de 2025 al protocolo Meteora Libra. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2025, confluyeron en una billetera intermediaria, desde la cual se dirigieron a otra cuenta catalogada como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”, en la red Solana.
El proceso exhibió sofisticadas maniobras de dispersión y “lavado digital” de fondos mediante:
- Interoperabilidad entre blockchains: el 10 de mayo de 2026, se registró una transferencia de casi 500.000 USDT desde Solana hacia Tron en apenas 16 segundos, utilizando protocolos automatizados y “solvers”.
- Pitufeo digital (smurfing): ya en Tron, los activos ingresaron a una cuenta de concentración y luego fueron fragmentados en operaciones menores —mecanismo destinado a dificultar el rastreo.
- Multipuenteo: se identificaron al menos 17 transferencias similares entre las redes Solana y Tron y, en paralelo, traslados hacia Ethereum mediante siete movimientos adicionales entre junio de 2026.
En todas las etapas, los investigadores observaron patrones compatibles con el rápido ocultamiento y dispersión de criptoactivos, lo que subraya las dificultades técnicas y legales que enfrenta la justicia cuando aborda delitos financieros con tecnología descentralizada.
Origen de la causa $LIBRA y figuras imputadas
La investigación se originó a partir de una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter) el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token $LIBRA. La capitalización del activo se disparó, llegando de US$0,01 hasta cerca de US$5 en pocas horas, para luego desplomarse bajo sospechas de ventas masivas realizadas por los propios creadores del proyecto y otras personas con acceso a información privilegiada.
Entre los involucrados identificados en los expedientes judiciales y periodísticos figuran las empresas extranjeras Kip Network (representada por Julian Peh) y Kelsier Ventures (de Hayden Davis, señalado como desarrollador del token). También están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Davis. La investigación avanzó además sobre las estructuras de “puenteo” y el uso de plataformas internacionales para fragmentar fondos y dificultar el rastreo de los capitales.
El procedimiento judicial ha generado controversias internas, como la exclusión temporal de querellantes e inversores damnificados dispuesta por el juez y recurrida ante la Cámara Federal. Pero lo más relevante es que la investigación sostiene que unas 40.000 personas sufrieron pérdidas y que el flujo de retiros trepó a cifras cercanas a los 100 millones de dólares.
| Plataforma | Número de billeteras congeladas |
| Binance | 10 |
| Bybit | 8 |
| OKX | 2 |
| CoinEx | 2 |
| FixedFloat | 1 |
| Bitfinex | 2 |
El caso y la medida pueden seguir en detalle en medios como Infobae, La Gaceta y Diario Panorama.
Implicancias y desafíos para el criptoecosistema argentino
El congelamiento judicial de las billeteras cripto, con orden de cooperación a exchanges internacionales, representa una de las respuestas más contundentes de la justicia argentina frente a delitos financieros operados mediante tecnología blockchain. La medida señala varios desafíos clave:
- Cuestiones regulatorias: ante la ausencia de un marco regulatorio específico, la justicia apeló a herramientas procesales tradicionales y a la cooperación internacional, mostrando limitaciones y fortalezas en la persecución transnacional de ilícitos.
- Riesgos para usuarios: el caso evidencia cómo la descentralización y la pseudonimización de las operaciones cripto pueden exponer a los usuarios a riesgos significativos si no existen controles previos sobre emisores, proyectos y esquemas de inversión.
- Obligaciones de los exchanges: además de los bloqueos, la causa subraya la importancia de los procesos de KYC y la capacidad de los exchanges para responder a requerimientos judiciales, incluso desde jurisdicciones extranjeras.
- Desafíos técnicos y policiales: la investigación utilizó sofisticadas metodologías de trazado y análisis forense, pero también muestra cómo operaciones complejas de “smurfing” y puentes entre blockchains pueden complicar los procesos de rastreo y recuperación de activos.
Para los desarrolladores, inversores y operadores del ecosistema argentino, el mensaje es claro: aunque las criptomonedas permiten transferencias globales y, en teoría, anonimato, el avance de herramientas de análisis forense y la interacción con plataformas centralizadas pueden abrir la puerta a una creciente intervención judicial cuando existen denuncias de fraude o lavado de dinero.
El curso de la causa $LIBRA será observado atentamente por el sector, por su potencial para definir criterios de intervención en delitos con criptomonedas, la efectividad de las medidas cautelares y el alcance real de la cooperación internacional en materia de activos digitales.