Corea del Sur prepara un nuevo marco legal para la incautación de criptomonedas, que estandarizará los procedimientos judiciales sobre activos digitales y podría entrar en vigor el 1 de octubre de 2026. La reforma, impulsada por la Corte Suprema, abre la puerta a que el Estado pueda congelar, transferir y liquidar estos activos para saldar deudas civiles, abarcando tanto criptoactivos custodiados en exchanges como aquellos de autocustodia. El periodo de consulta pública para recoger comentarios estará abierto hasta el 11 de agosto.
Este cambio es altamente relevante para el sector cripto, ya que cerca de un tercio de la población surcoreana posee criptomonedas y, hasta ahora, no existían procedimientos uniformes en materia de ejecución civil sobre estos activos. El movimiento consolida el reconocimiento de las criptomonedas como propiedad con valor económico y busca cerrar lagunas legales que dificultaban la recuperación de fondos o la protección de acreedores en contextos de fraude, insolvencia o delitos financieros.
Un mercado de activos digitales bajo nuevas reglas
Más de 16 millones de surcoreanos mantienen cuentas de criptoactivos, lo que ha forzado a los tribunales a lidiar cada vez con mayor frecuencia con la incautación, embargo y liquidación de activos virtuales como parte del proceso legal para satisfacer deudas civiles. Hasta ahora, el principal desafío era la ausencia de procedimientos homogéneos, lo que provocaba retrasos y dificultad para recuperar fondos especialmente si estos estaban bajo autocustodia o en tokens de baja liquidez.
El nuevo borrador normativo presentado por la Corte Suprema, y sometido a consulta pública, establece por primera vez los pasos que deben seguir los tribunales en la incautación de criptomonedas. Estas son tratadas como “bienes intangibles con valor económico”, y pueden ser embargadas judicialmente al igual que otros activos tradicionales.
- El procedimiento inicia con una orden de embargo y congelación.
- Una vez emitida, el deudor queda imposibilitado de transferir o disponer de los criptoactivos objeto de la orden.
- Si los fondos están bajo custodia de una plataforma, ésta deberá transferir los activos al agente de ejecución designado por el tribunal.
- Sólo al completar esta transferencia, la incautación se considera legalmente válida.
- El acreedor puede recibir la criptomoneda embargada o solicitar la venta de la misma para recuperar el valor en moneda fiat.
El funcionario encargado puede abrir cuentas específicas con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), gestionar estos activos y decidir la venta directa al precio de mercado o gestionar su conversión si son tokens ilíquidos.
Desafíos prácticos en autocustodia y tokens ilíquidos
Mientras que la incautación de fondos alojados en exchanges centralizados es operativamente viable (dado que estos actúan como custodios identificables), cuando se trata de billeteras de autocustodia –donde sólo el usuario tiene las llaves privadas– la ejecución judicial se complica considerablemente. El sistema, no obstante, define medidas preventivas: los acreedores podrán solicitar órdenes de embargo preventivo que bloqueen la posibilidad de transferir fondos antes de que se dicte la sentencia final en un litigio.
Otro punto novedoso es el tratamiento de tokens con poca liquidez o sin mercados activos, lo que suele dificultar su conversión en dinero para los acreedores. Las reglas permitirán a los agentes judiciales intercambiar estos activos por criptomonedas más comercializables como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) antes de proceder con su liquidación.
La enmienda así fortalece la capacidad del sistema judicial para anticipar y cubrir escenarios en los que los deudores pretenden mover rápidamente los fondos mediante la flexibilidad de las redes blockchain. Esto protege tanto a acreedores como al propio sistema, evitando que la velocidad intrínseca de las criptomonedas anule el efecto práctico de una resolución judicial.
Reconocimiento jurídico y antecedentes judiciales
El nuevo marco no parte de cero: desde julio de 2024, la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales en Corea del Sur elevó las exigencias regulatorias para exchanges y reforzó la seguridad en las transacciones. Además, la Corte Suprema reconoció en diciembre de 2025 el estatus de propiedad económica de las criptomonedas depositadas en plataformas, permitiendo su incautación incluso en investigaciones penales, como el caso en el que se confiscaron 55,6 BTC por lavado de dinero.
El avance ahora es procesal: cómo ejecutar de manera uniforme los cobros civiles en los que intervienen criptoactivos. El actual borrador detalla los pasos desde la orden judicial hasta la entrega de los fondos al acreedor o su conversión en moneda fiat. Así, se crea un procedimiento uniforme aplicable en todo el país, evitando arbitrariedades y agilizando tiempos en procesos donde los activos digitales forman parte esencial del patrimonio de los deudores.
| Fechas clave | Evento |
| 2 de julio de 2026 | Lanzamiento del borrador de las nuevas reglas por la Corte Suprema |
| 11 de agosto de 2026 | Cierre del periodo de consulta pública |
| 1 de octubre de 2026 | Prevista entrada en vigor del nuevo marco legal |
Implicancias para usuarios, exchanges y el ecosistema cripto
La reforma representa un paso decisivo hacia la plena integración de los activos digitales en el marco legal y patrimonial surcoreano. Para los usuarios particulares, la principal consecuencia es la necesidad de comprender que los activos digitales, incluso en autocustodia, pueden estar sujetos a órdenes de embargo y ser incluidos en ejecuciones judiciales, aunque el procedimiento será más directo cuando los fondos estén en plataformas centralizadas.
Para los exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales, aumentarán las responsabilidades de cumplimiento institucional y la exigencia de mecanismos ágiles para responder a órdenes de los tribunales. Gestionar correctamente los tokens incautados, definir procesos internos para operar cuentas de ejecución judicial y determinar el modo de manejar activos difíciles de valorar, serán desafíos crecientes en el día a día del negocio.
El movimiento surcoreano puede influir en otros países con alta adopción de criptomonedas, inspirando marcos normativos similares y, a largo plazo, impulsando la estandarización de las ejecuciones civiles sobre activos virtuales en el ámbito internacional. El resultado inmediato es un entorno jurídico más previsible y seguro tanto para acreedores como para usuarios legítimos, aun a costa de un debate intenso respecto a la privacidad, la seguridad financiera y las nuevas fronteras de la autocustodia.
Para más detalles sobre el avance normativo, puede consultarse la cobertura especializada en DiarioBitcoin y la nota completa en Cryptopolitan.