La versión de la Ley CLARITY reportada por el Senado permitiría que bancos y cooperativas de crédito de Estados Unidos realicen 11 categorías de actividades vinculadas con criptoactivos, según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso (CRS). Entre los ejemplos mencionados figura la emisión y negociación de activos digitales, aunque el material disponible no detalla las 11 categorías completas. La propuesta todavía no es ley y su avance legislativo enfrenta obstáculos.
El alcance de la iniciativa importa porque modificaría qué negocios relacionados con activos digitales pueden desarrollar las entidades financieras y bajo qué estructura. A diferencia del texto aprobado por la Cámara de Representantes, la versión analizada por el Senado extendería esas facultades a distintos tipos de organizaciones bancarias y cooperativas de crédito, sin conservar la separación actual entre actividades dentro de bancos asegurados y aquellas realizadas por filiales no bancarias.
Qué encontró el análisis del CRS
El CRS publicó el 30 de septiembre un informe titulado Crypto and Bank-Permissible Activities, en el que comparó versiones de la propuesta legislativa H.R. 3633 y sus posibles efectos sobre las atribuciones de los bancos. El servicio identificó 11 categorías de actividades cripto que quedarían permitidas bajo el texto reportado por el Senado.
La emisión y negociación de activos digitales aparece como un ejemplo de las facultades contempladas. De acuerdo con el análisis, esa autorización superaría lo que los bancos pueden hacer actualmente en mercados de valores comparables: hoy pueden emitir y negociar determinadas categorías limitadas, como instrumentos de deuda de los gobiernos federal y estatales o de sus agencias.
El informe no enumera en el contenido disponible las otras actividades incluidas en las 11 categorías. Por eso, no es posible precisar si abarcan servicios concretos como custodia, intermediación o gestión de activos. La cifra describe el alcance categórico que identificó el CRS, pero no debe interpretarse como una lista detallada de permisos ya vigentes.
La diferencia entre las versiones de la ley
La versión aprobada por la Cámara de Representantes seguiría un enfoque distinto. Según el CRS, permitiría a los bancos utilizar activos digitales o tecnología blockchain para realizar actividades que ya están autorizadas por la ley. También habilitaría ciertas actividades cripto para compañías de cartera financiera, que podrían ofrecer esos servicios mediante filiales no bancarias.
El texto reportado por el Senado, en cambio, permitiría que todas las clases de organizaciones bancarias y cooperativas de crédito realizaran las actividades enumeradas. El análisis señala que esta versión no distinguiría entre las tareas consideradas parte del “negocio bancario” y aquellas clasificadas como de “naturaleza financiera”. Tampoco mantendría la división existente entre lo que puede hacerse dentro de una entidad bancaria asegurada y lo que debe canalizarse mediante una filial no bancaria.
La diferencia es relevante para la estructura de los servicios: determina qué entidad dentro de un grupo financiero podría ofrecerlos y qué marco de autorización sería aplicable. Sin embargo, el informe del CRS describe los efectos potenciales de los textos legislativos; no supone que las facultades propuestas estén ya disponibles para los bancos.
La propuesta aún necesita superar el proceso legislativo
El avance del proyecto quedó en suspenso después de que el Senado rechazara, el 15 de septiembre, una moción de procedimiento para abrir el debate sobre H.R. 3633. La votación fue de 49 a 50 y no alcanzó los 60 votos necesarios para avanzar mediante ese mecanismo.
Ese resultado no fue una votación definitiva sobre la aprobación o el rechazo de la ley. Siete senadores demócratas que se opusieron a avanzar la medida señalaron posteriormente que el episodio no cerraba las negociaciones. Por lo tanto, las facultades bancarias descritas por el CRS dependen de que el proyecto vuelva a avanzar y de que el texto final conserve disposiciones similares.
La discusión también involucra otras partes de la propuesta. Antes de la votación, ocho asociaciones bancarias pidieron cambios a las disposiciones sobre recompensas para titulares de stablecoins. Argumentaron que incentivos parecidos a los intereses de depósitos podrían llevar a clientes a retirar fondos de los bancos y reducir la capacidad de estas entidades para conceder crédito. Esas objeciones se centraron en una sección específica del proyecto y no alteran, por sí mismas, el análisis del CRS sobre las actividades cripto permitidas.
Qué significaría para las entidades y sus clientes
Si una versión similar a la reportada por el Senado se convirtiera en ley, bancos y cooperativas de crédito tendrían un marco legislativo más amplio para participar en actividades relacionadas con activos digitales. La posibilidad de realizar emisión y negociación, en particular, marcaría una expansión respecto de las facultades actuales descritas en el informe. El efecto práctico dependería de las reglas definitivas y de cómo se definieran las categorías autorizadas.
Para los usuarios, una mayor participación bancaria podría traducirse en más servicios cripto ofrecidos por entidades financieras reguladas, aunque el texto disponible no permite anticipar qué productos estarían disponibles ni en qué condiciones. Para las instituciones, la propuesta plantea una ampliación de actividades potenciales, pero también deja pendiente el modo en que se aplicarían los requisitos de supervisión y las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, la cifra de 11 categorías debe leerse como una descripción de una versión legislativa, no como un permiso inmediato. El CRS aporta una comparación entre los textos de la Cámara y el Senado; la aprobación final del proyecto y el contenido concreto de sus disposiciones determinarán si esa expansión llega a formar parte de la regulación bancaria estadounidense.
El análisis del CRS está disponible en la cobertura de Crypto.news sobre las actividades que permitiría la Ley CLARITY.