La Unión Europea y ocho países firmaron el 14 de octubre de 2026 en Estrasburgo un protocolo para reforzar la recuperación de activos vinculados a delitos. El acuerdo amplía las herramientas de las autoridades para rastrear, congelar, incautar y decomisar bienes, incluidos criptoactivos, y mejorar la cooperación entre países.
El instrumento es un Protocolo Adicional al Convenio de Varsovia del Consejo de Europa, que aborda el blanqueo de capitales y el seguimiento, embargo y decomiso de productos del delito. La firma abre el proceso para que el acuerdo pueda entrar en vigor, pero no implica que sus nuevas disposiciones ya sean aplicables.
Más facultades para rastrear y congelar criptoactivos
El protocolo busca actualizar los mecanismos de recuperación de activos ante redes criminales transnacionales y operaciones que pueden involucrar activos digitales. Entre sus medidas figuran un acceso más amplio de las autoridades a información financiera y sobre activos virtuales, además de reglas reforzadas para la gestión de bienes incautados.
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Las autoridades también podrán solicitar medidas urgentes para congelar o incautar activos cuando exista riesgo de que sean trasladados u ocultados. En determinadas circunstancias, estas medidas podrán adoptarse sin aviso previo. El texto contempla respuestas en plazos definidos para solicitudes de cooperación, incluso dentro de tres días en casos urgentes.
Estas facultades no significan que cualquier criptoactivo pueda ser confiscado por el solo hecho de ser digital. El protocolo se refiere a bienes relacionados con conductas delictivas y establece condiciones para que las autoridades actúen. También prevé salvaguardas para proteger a terceros que hayan adquirido bienes de buena fe.
Decomiso sin condena en algunos casos y cooperación transfronteriza
El acuerdo amplía las posibilidades de decomiso. Según el Consejo de Europa, los tribunales podrán decomisar bienes relacionados con actividades criminales más amplias y, en ciertos casos, hacerlo sin una condena penal. También podrán alcanzarse activos en manos de terceros, con protección para quienes los posean legítimamente.
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El protocolo refuerza el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la cooperación directa entre oficinas de recuperación y gestión de activos. Asimismo, exige a los Estados establecer oficinas especializadas para rastrear y administrar bienes relacionados con delitos. El objetivo es facilitar actuaciones coordinadas cuando los fondos, las personas investigadas o las pruebas se encuentran en distintas jurisdicciones.
El texto también fija criterios para el destino de los bienes decomisados: su devolución debe priorizar a las víctimas o a sus legítimos propietarios. En determinados casos, las sumas superiores a 10.000 euros se repartirían, como regla general, por partes iguales entre los países involucrados.
La firma no pone todavía el protocolo en vigor
Firmaron Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido, además de la Unión Europea. La firma tuvo lugar en Estrasburgo, durante una conferencia del Consejo de Europa dedicada al cibercrimen.
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Para entrar en vigor, el protocolo necesita cinco ratificaciones, incluidas las de al menos tres Estados miembros del Consejo de Europa. En el caso de la Unión Europea, la Comisión indicó que el Consejo deberá decidir sobre su conclusión y que también se requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. La Comisión señaló, además, que la UE había firmado el convenio original en 2009, pero todavía no lo había ratificado.
Por eso, el alcance inmediato del acuerdo es institucional: establece un marco común que deberá completar sus pasos de aprobación antes de aplicarse. Para los usuarios de criptoactivos, no crea por sí solo una obligación general de entregar fondos ni determina automáticamente la confiscación de activos. Su efecto práctico dependerá de la entrada en vigor y de la aplicación de las normas por cada jurisdicción, siempre dentro de los procedimientos y garantías previstos.